La corrupción, entre lo urgente y lo importante

La opinión pública tiene mala memoria. Hace unos meses, la prensa ardía con la controversia generada para sacar a Franco del Valle de los Caídos, y hace menos tiempo la acusación a los presos del procés, con su baile de penas exigidas, levantó ampollas en media España. Hace unas semanas, la psicosis se apoderó de los medios tras el resultado de Vox en las elecciones andaluzas y ahora Cataluña vuelve a acaparar el foco de atención, con Quim Torra y Eslovenia en el punto de mira. En resumen, cada cierto tiempo, la opinión pública va olvidando las cuestiones que meses antes la soliviantaban, cambiándolas por otras nuevas polémicas, que la mantienen viva y angustiada. Entre todas estas polémicas, por supuesto, las grandes preocupaciones de la población española se van soterrando, para beneficio de los líderes políticos. Es el caso de la corrupción. El gran clamor popular contra ella se ha ido difuminando, ante la disminución en número de los casos judiciales más importantes. Y, entretanto, la ciudadanía se ha olvidado de que no sólo hay que indignarse, sino que hay que transformar la indignación en acciones concretas de control.

            En cualquier caso, la percepción de que nuestros líderes políticos no son de fiar no ha disminuido. Al contrario, va in crescendo. En el barómetro del CIS de noviembre de 2018, la política en general era el primer problema de España para un 15’6% de los encuestados. Un año antes se situaba en un 11’8 %, y en 2016 estaba en un 9’7%. Es decir, la consideración de los políticos como uno de los principales problemas de España crece año tras año. A su vez, la percepción de la corrupción y el fraude como un grave problema ha bajado del 30’4% de 2014, al 12’2% del último barómetro. Esto es: la corrupción es un problema, pero añadido al ya de por sí lamentable estado del prestigio de la política. No es sólo la corrupción la que lastra dicho prestigio, pero, obviamente, es uno de los grandes causantes del descrédito de la política.

            A todo esto, los líderes políticos siguen sin reaccionar decididamente. Movidos como están por el ansia de titulares, se preocupan más por los problemas urgentes que por los importantes. Esto revela el reciente informe “Actualización del Pacto contra la Corrupción 2015-2018”, presentado públicamente el pasado viernes por la Fundación por la Justicia. En dicho Informe se da cuenta de qué acciones concretas se han llevado a cabo por parte de los partidos políticos en relación con las propuestas que los propios partidos firmaron en 2015. La evaluación del Pacto se ha hecho sobre las 75 propuestas de ámbito autonómico (el Pacto original recoge 150 propuestas). El resultado general de este Informe es decepcionante: la gran mayoría de las 75 propuestas del Pacto no ha sido tenida en cuenta.

Y, en cuanto a las que sí lo han sido, los esfuerzos realizados son considerables en términos de producción legislativa, pero dejan que desear en términos de efectividad.   En efecto, pese a la abundante normativa en relación con la corrupción que se ha aprobado en la última legislatura en las Corts Valencianes, la regulación no es todo lo minuciosa que debería ser, dejando espacios a las malas prácticas a nivel micro. Además, los sistemas de control no son verdaderamente independientes, ya que (excepto uno) los directivos de todos los órganos de fiscalización –desde el Consell Jurídic Consultiu hasta la Oficina de Control de Conflictos de Interés, pasando por el Consell de Transparència, y las Sindicaturas de Comptes y de Greuges- son propuestos y elegidos por el poder político, y/o dependen de él. La excepción es la Agencia Antifraude, cuyo director es designado por les Corts, pero a propuesta de la sociedad civil, y cuya forma de elección recomienda el Informe para el resto de órganos mencionados.

La disyuntiva, pues, para los políticos, es entre lo urgente y lo importante. Lo urgente requiere atención inmediata, para evitar un desastre. Lo importante requiere dedicación profunda a largo plazo, para salvar el todo. Es urgente dar respuesta al problema catalán, o al ascenso de la derecha populista, o a los problemas de política internacional. Pero es de la máxima importancia construir una Administración transparente a todos los niveles, y un sistema de controles eficaz para paliar la corrupción. De lo contrario, los problemas urgentes no serán resueltos a largo plazo, porque la ausencia de corrupción –como demuestra el estudio “Mapping the Quality of Government in Europe”, de la Universidad de Goteborg- es necesaria para la calidad del gobierno, y ésta a su vez es necesaria para poder resolver satisfactoriamente los problemas políticos. Si esto no se tiene en cuenta, el descrédito de la política seguirá creciendo, y con él la desafección con el sistema, y con ella la democracia comenzará a perder apoyos a velocidad de vértigo. Lo que viene después, no hace falta decirlo.